11 personas conformaban una red dedicada al tráfico de migrantes, ofrecían traslado desde Ecuador hasta Panamá

Según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional, descubrieron una red de tráfico de migrantes que, al parecer, cobraba cerca de 300 dólares a cada extranjero que ingresaba ilegalmente al país por Ipiales, al sur de Nariño.

‘Todos los servicios’

Según se pudo determinar, la estructura, supuestamente, brindaba manutención, hospedaje en un hotel de Medellín, Antioquia y transporte terrestre hasta Capurganá, Chocó, donde los migrantes eran recogidos en lanchas y trasladados a Panamá para que siguieran su camino a Estados Unidos.

¿Quiénes son?

Entre los capturado están, Adrián Ricardo Rojo Correa y Sebastián Carmona Mejía, quienes serían los encargados de la logística, entre Tulcán en Ecuador e Ipiales en Colombia para hacer los traslados, alimentación y estadía de las personas que los contactaban. A su vez, fueron capturadas Leidy Nataly Estrada Cifuentes y Jennifer Aurora Suaza Escudero, las compañeras sentimentales de estos dos hombres.

El material de prueba da cuenta de que las mujeres estarían involucradas en el cobro de los giros internacionales, los cuales, en el último año, habría ascendido a 254 millones de pesos y 46.000 dólares. Estos dineros corresponderían a pagos hechos por ciudadanos de Haití, Senegal, Cuba, Paraguay y Uruguay, entre otros países, que buscaban los servicios ilícitos de la red.

La estadía en hotel

Entre tanto, Gloria Milena Álvarez Quinchía y Viviana María Mesa Serna, también fueron capturadas; son la administradora y supervisora respectivamente del hotel de Medellín donde, al aparecer, eran alojados los migrantes. Los otros presuntos integrantes de la estructura ilegal cumplirían actividades logísticas y de transporte.

Los delitos

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a los detenidos los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir agravado. Todos los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, los supuestos articuladores en centro carcelario y los demás en el lugar de residencia.

Extinción de dominio

En este caso, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre un hotel y tres vehículos, dos de servicio público y uno particular, que estarían al servicio de la red de tráfico de migrantes.

Los bienes, avaluados en más de 2.500 millones de pesos, fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

De otra parte, durante la investigación, las autoridades detectaron a 50 ciudadanos extranjeros que habrían ingresado irregularmente a Colombia. Estas personas quedaron a disposición de Migración Colombia, que coordinó su retorno inmediato a los países de origen.

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