Acuerdo de Escazú, ¿afectaría obras de infraestructura para Nariño?

La polémica está abierta por cuenta del Acuerdo de Escazú, adoptado en el año 2018 en  Costa Rica. Si bien Colombia firmó el Acuerdo en 2019, para que sus disposiciones sean jurídicamente vinculantes es necesaria su ratificación.

Como se recordará, en los periodos legislativos del 20 de julio de 2020 a 19 de julio de 2021, fue archivado por el Congreso el proyecto de ley que buscó ratificar el Acuerdo. En octubre de 2021, el proyecto fue radicado nuevamente, Proyecto de Ley Senado 251 de 2021, y en abril del mismo año se aprobó en primer debate. El 26 de julio de 2022, fue aprobado en segundo debate.

¿En qué consiste el acuerdo de Escazú?

En resumen, es un acuerdo regional cuyo objetivo es garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental del país que firme, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Temas

Entre lo importante está, 
  • El acceso, generación y divulgación de la información ambiental
  •  La participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
  • El acceso a la justicia en asuntos ambientales
  • La garantía de un ambiente propicio para los defensores de los derechos humanos en temas ambientales
  • El fortalecimiento de capacidades institucionales
  • La cooperación entre las partes del Acuerdo.

En Colombia 

Algunos líderes consideran que la ratificación del Acuerdo resulta repetitiva puesto que en Colombia existe una normatividad fuerte en tema de protección del medio ambiente. De igual manera, se expresa que se reduce la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras y el desarrollo de proyectos nacionales.

En su cuente de Facebook, el empresario Mario Guevara expresó, “una de las preocupaciones es la posibilidad que le dan a otros países de lo que se debe o no hacer en nuestra nación, entendiendo que tenemos instituciones encargadas de hacer el cuidado interno, agencia como la Corporación Nacional de Licencias Ambientales o las corporaciones ambientales de cada departamento entere otras”, comentó. 

Licencias ambientales 

Colombia ya cuenta con mecanismos de participación y en materia de acceso a la información. Entre estos, se encuentran las audiencias públicas ambientales, las acciones populares, las consultas previas, las veedurías ciudadanas en asuntos ambientales, el derecho a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales y los derechos de petición. Incluso, en materia de protección de defensores, la Ley 2169 de 2022 determina la creación del Sistema de Protección y Monitoreo de Líderes Ambientales (a reglamentar); la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. 

Otros tratados 

Mario Guevara puso un ejemplo con el tratado de la Haya, “nos fue bastante mal puesto que se perdió gran parte de la plataforma marítima en el océano Atlántico, y el archipiélago de San Andrés, ¿cómo nos podrá ir si externos puedan opinar que hacer y que no en nuestra tierra?”, agregó. 

Ratificar el Acuerdo implica la determinación de reglas claras en materia ambiental, que representan una mayor seguridad jurídica para los inversionistas. Además, el fortalecimiento de las capacidades en materia ambiental promueve un verdadero desarrollo sostenible participativo para el país.

Seguridad para los líderes ambientales 

El alto número de conflictos ambientales en el país sigue siendo una realidad, además de un alto número de asesinados y amenazas continúa latente. “¿Quién les va hacer leer a los mineros ilegales y los narcotraficantes el tratado de Escazú?, porque son ellos los que matan y asesinan a nuestros líderes, no las empresas o el Estado cuando quiere desarrollar infraestructura, mucho cuidado con ese tratado de Escazú a los senadores y representantes a la Cámara”, puntualizó

En Nariño

El líder gremial se refirió al proyecto de la posibilidad de construir un puerto en Tumaco, y la doble calzada Pasto-Popayán, “si una persona o una nación pone una denuncia en la Corte Intencional, a la cual nos vamos a someter, puede frenar la obra de la doble calzada. De igual forma, puede detener construcciones de acueductos, poliductos y del puerto de Tumaco basado en la afectación al entorno. Es muy importante que se lea bien, se interprete y analizar lo que sirve y no, ojalá no firmarlo”, sugirió. 

Cabe decir que el Senado de Colombia ratificó esta semana un acuerdo que, en realidad se adoptó en el 2018 en Escazú,

El acuerdo está abierto a los 33 países que conforman la región de América Latina y el Caribe, pero no todos ellos le han dado el visto bueno. Los que aún no se han sumado a la iniciativa son Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica (pese a que en ese país se adoptó, precisamente), Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Entre los que sí forman parte se destacan México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá y Chile 

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