El secretario de Gobierno de Pasto, Giovanny Guerrero, advirtió que una acción popular relacionada con el manejo de vertimientos en El Puerto, corregimiento de El Encano, podría derivar en el cierre de más de 200 establecimientos comerciales si no se logra una conciliación con las autoridades judiciales.
Preocupación existe entre comerciantes y habitantes de la vereda El Puerto, en el corregimiento de El Encano, luego de que la Administración Municipal confirmara que cerca de 214 establecimientos de comercio, entre restaurantes, hoteles y negocios turísticos, podrían verse obligados a cerrar sus puertas por cuenta de una acción popular que lleva varios años en curso.
El secretario de Gobierno de Pasto, Giovanni Guerrero, explicó que la situación no obedece a una decisión de la Alcaldía, sino al cumplimiento de una orden judicial derivada de una acción popular que exige el control de vertimientos y la implementación de soluciones ambientales en este importante sector turístico.
“Existe un incidente de desacato y pronunciamientos de las altas cortes que obligan a realizar actuaciones inmediatas. No es que la administración no quiera cumplir, sino que se trata de una problemática compleja que requiere inversiones cercanas a los 10 mil millones de pesos”, señaló el funcionario.
Según Guerrero, el principal reto es la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), una obra que ha sido requerida desde hace varios años y cuya financiación supera las capacidades actuales del municipio.
Ante el riesgo de cierre masivo de establecimientos, la Administración Municipal inició acercamientos con la Defensoría del Pueblo y con Corpo Nariño para buscar alternativas que permitan avanzar en el cumplimiento del fallo sin afectar gravemente la economía local.
“El cierre de los establecimientos tendría un fuerte impacto social y económico para las familias que dependen del turismo en El Puerto. Por eso estamos buscando mecanismos de conciliación que permitan encontrar una solución viable”, agregó el secretario.
Las autoridades anunciaron que realizarán visitas técnicas a los establecimientos comerciales para verificar las condiciones ambientales y avanzar en el cumplimiento de las exigencias judiciales. Sin embargo, advirtieron que la orden se encuentra en firme y que, de no alcanzarse acuerdos o avances suficientes, el cierre de gran parte de los negocios de El Puerto podría convertirse en una realidad.