CAMILO ROMERO, EX GOBERNADOR DE NARIÑO Y PRECANDIDATO PRESIDENCIAL, ¿CÓMO RETRIBUYE A APORTANTES DE SUS CAMPAÑAS?

Por: Marlon Flórez Revisión: David Sánchez

Ante el anuncio de la precandidatura a la presidencia del ex gobernador Camilo Romero, El Contraste Noticias realiza una serie de informes sobre el desempeño del político al frente de la Gobernación de Nariño.

En septiembre de 2019, un juez de control de garantías de la ciudad de Bogotá aprobó el recurso de principio de oportunidad a través del cual Andrés Felipe Arango Romero, primo del entonces gobernador de Nariño, Camilo Romero; recibió la suspensión de la acción penal bajo inmunidad total por un año en el tema de la investigación sobre las presuntas irregularidades registradas en la venta de 80 mil cajas de Aguardiente Nariño en el año 2016.

Testigo estrella
El anterior beneficio, fue concedido después que el familiar del mandatario, entregara información clave para que la Fiscalía le diera un giro a la investigación y comprobara la hipótesis de como se hizo la negociación de ese licor y quienes participaron de la misma. Además, se descubrió que todo habría obedecido al pago del apoyo económico que recibió Camilo Romero en la campaña del 2015 hacia la gobernación, por parte de dos empresarios a quienes finalmente les entregaron el aguardiente.

EL CONTRASTE NOTICIAS, tuvo acceso en exclusiva a los audios de la audiencia en la que fueron detallados cada uno de los pasos que se realizaron antes y después del “entramado criminal”, como fue nombrado por la fiscal delegada. Igualmente, conoció que de esta manera, el primo de Romero se convirtió en el testigo estrella de este escandaloso hecho de corrupción.

Sin embargo, a pesar de pasar un año y seis meses de la apertura del caso, jamás se supo en que terminó el proceso en contra del hoy precandidato presidencial, cuya gestión en el departamento de Nariño fue bastante cuestionada por distintos sectores.

Audiencia
En medio de la sesión realizada el lunes 23 de septiembre de 2019 y continuada el día siguiente, la Fiscal Primera Delegada Anticorrupción declaró que desde el 3 de julio del 2019, peticionó ante el Grupo de Mecanismo de Determinación Anticipada de la Fiscalía la aplicación del principio de oportunidad en favor de Andrés Felipe Arango Romero.

E indicó que mediante la resolución 01028 del 23 de julio del 2019 suscrita por el entonces fiscal general de la Nación, Fabio Espitia, se aprobó el recurso mencionado. La Fiscal, señaló al primo del gobernador como una “persona muy importante” en la investigación sobre el negocio de la adjudicación de los licores que llevó a cabo la Gobernación de Nariño.

Y añadió que aunque no tiene relación directa con la Administración Departamental y no es empleado estatal, Arango Romero si desarrollaba labores dentro de la entidad las cuales habían sido encomendadas directamente por su primo Camilo Romero. Entre ellas, el negocio del aguardiente. Así mismo, indicó que Andrés Felipe fue considerado como “persona muy importante” después de que entregara pruebas claves que, hasta ese momento, no tenían los peritos.

Descubrimiento de nuevas pruebas
“A pesar que la Fiscalía acopió elementos muy importantes que le habían llevado a fijar una hipótesis delictiva y aunque el caso estaba estructurado, al menos en el conocimiento de los hechos, Andrés Felipe Arango Romero, al momento de acercarse a colaborar con la Justicia, aportó una información muy novedosa que se desconocía, que es bastante útil y que difícilmente la Fiscalía podía recolectar teniendo en cuenta el sigilo con el que actuaron los particulares y entonces servidores públicos para realizar este entramado criminal”, sostuvo la fiscal delegada.

Igualmente, declaró que con dicho testimonio, la Fiscalía “podrá soportar la teoría del caso y la hipótesis delictiva que había venido manejando sobre el actuar no solamente de los no aforados, sino de la cabeza del entramado que es el entonces gobernador de Nariño Camilo Romero y de Mario Benavides, quien se prestó para suscribir el decreto 364 del 24 de agosto de 2016 que tenía todas las irregularidades”.

Agregó que esos indicios, “ahora van a poder ser certificados, con el testimonio de Arango Romero quien aseguró que por su cercanía con el mandatario tuvo directa actuación con el gobernador. Además, tenía pleno conocimiento del andamiaje que se había montado con el fin de entregarle el negocio de los licores a los aportantes de la campaña de Camilo Romero, para pagar este favor”.

El pacto
En este sentido, la fiscal delegada declaró que la entrega de las 80 mil cajas de aguardiente a los empresarios Richard Portilla y Pedro Miguel Bastidas, representantes de la Organización de Licores de Nariño SAS (OLN); era un compromiso que se tenía con anterioridad y del cual tenía conocimiento pleno y directo Andrés Felipe Arango Romero.

Y resaltó que en el 2015, Camilo Romero lanzó su campaña a la Gobernación de Nariño para lo cual contactó a Erick Guerrero, Ingrid Ricaurte y a su primo, con quienes conformó un equipo de trabajo para llevar a cabo su candidatura. De este grupo, Arango Romero debía mantener las relaciones públicas de la campaña, pagar algunos gastos y recibir algunos aportes económicos.

En este sentido, se conoció que el entonces gobernador recibió apoyo económico de Portilla y Bastidas. Dicho respaldo, según la declaración de la fiscal, se logró a través de Erick Guerrero quien era el encargado directo de la campaña en Pasto.

“Él fue quien consiguió que estas dos personas, hicieran la contribución con la promesa de que una vez Camilo Romero fuera elegido como gobernador, los dos tenían que ser beneficiados con la adjudicación de la venta del aguardiente Nariño en sus diferentes presentaciones”, destacó.

La negociación
Para oficializar la oferta antes que se publicara el decreto, la OLN realizó dos consignaciones en Bancolombia. Una de ellas por fuera del horario de atención de la sucursal de Sebastián de Belalcazar, donde se depositó la suma de 1.087 millones de pesos en la cuenta 0742596913, cuyo titular es la Gobernación de Nariño.

La segunda, fue efectuada en la sucursal del centro de pagos de Bancolombia donde se consignó la suma de 1.000.097.800 pesos. Ese mismo día en la tarde, la OLN presentó la solicitud de compra del licor conforme al decreto 364 del 24 de agosto de 2016, adjuntó las dos consignaciones y un cheque número 918409 por valor de 11 mil millones de pesos. Para ese momento, la cuenta sólo tenía el valor de 7.200 pesos, es decir que el cheque fue girado sin tener fondos para cubrirlo.

Reunión concertada
Previo a la solicitud de la citada organización, Adriana Amaya, subsecretaria de Rentas citó al Comité de Crédito de la gobernación para sesionar el 27 de agosto del 2016. Sin embargo, el acta 03 que fue impresa, indica como fecha de realización de ese comité el 25 de agosto de 2016. Pero una prueba judicial hecha por expertos en grafología, estableció que la reunión se realizó realmente el 26 de agosto de 2016.

Así mismo, el acta indica que sí se verificaron los documentos y el cumplimiento de los requisitos por parte de la OLN, para obtener ese crédito y realizar la compra de las 80 mil cajas de Aguardiente Nariño. Pero, realmente la organización no los cumplía teniendo en cuenta que dicha empresa había sido creada en el mes de noviembre del 2015 y no reportaba ningún antecedente de ventas y además, carecía de experiencia y por tanto obviaba uno de los requisitos fundamentales para ser beneficiaria del crédito de la gobernación.

Pese a ello y de acuerdo con el acta del comité en el cual estuvieron presentes varios funcionarios de la Administración Departamental, se dejó consignado que el crédito que se le otorgaba a la OLN era por la suma de 5.813.302.200 pesos.

La investigación
A partir de ahí comenzó la investigación de la Fiscalía. Fue así como frente a esta situación, el 28 de noviembre del 2017 ante el Juzgado Segundo Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías, se formuló inicialmente imputación de cargos en contra de la subsecretaria de Rentas Adriana Amaya por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

Posteriormente, el 6 de junio de 2019 se hizo la imputación en contra de Andrés Felipe Arango Romero y en contra de Richard Portilla. A ambos se les imputó cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

Interrogatorios
Una vez conocida la investigación en su contra y la gravedad de lo que conllevaba, Arango Romero entre los días 10, 15 y 21 de mayo del 2019, rindió más de 18 horas de interrogatorios ante la Fiscalía en virtud de la solicitud que había hecho su abogado Juan Carlos Torregosa, para así establecer los acercamientos con la Fiscalía con miras a ser beneficiado con la aplicación del principio de oportunidad.

En este sentido, el 4 de julio del 2019 la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Especializada Contra la Corrupción, por intermedio de la Fiscal del caso, presentó la solicitud ante la Secretaría Técnica de la Fiscalía General de la Nación. Misma que fue aprobada, después de la audiencia.

“Entramado criminal”
Una vez rendido el interrogatorio, la Fiscalía conoció que el 23 de agosto de 2016 el gobernador Camilo Romero firmó el decreto 0363 por medio del cual designó como gobernador encargado del 24 al 26 de agosto de ese mismo periodo, al secretario de Hacienda de la época, Mario Fernando Benavides, argumentando que debía desplazarse a Bogotá y Bucaramanga para cumplir con su agenda de trabajo.

Para la Fiscalía, el mandatario utilizó ese argumento para dejar encargado al funcionario con el fin de que su nombre no apareciera en la suspensión del contrato de licitación de la venta del aguardiente.

Además, el ente investigador aseguró que Camilo Romero, le dio instrucciones a su primo quien ya no hacia parte de la gobernación, para que se hiciera cargo de la venta del licor y así beneficiara a la OLN y a sus socios Portilla y Bastidas. Para cumplir con este propósito, Arango Romero aprovechó un contrato que había suscrito con una ONG y de esta manera, hacerse presente en la Gobernación de Nariño y estar al tanto de todos los pormenores del mencionado.

Entrega de información
Posteriormente, el 23 de agosto se reunió con Richard Portilla y le entregó la información sobre la venta de los licores y la copia del decreto donde se fijaron la escala de venta y precios del aguardiente. Además, le explicó que el secretario Benavides, iba a cumplir con la negociación para que el gobernador no apareciera suspendiendo el acto administrativo.

La Fiscalía también comprobó que en la expedición de dicho decreto, se evidenciaron circunstancias anómalas como que Adriana Milena Amaya Buitrago, modificó el decreto presentando su última edición el 24 de agosto del 2016 a las 9:53 de la mañana, es decir un día después de que Arango Romero, le enseñara a Portilla todos los datos del mencionado documento.

Y así, se descubrió también que quien recibió la versión final del proyecto, fue Angélica Cruz quien era en ese momento asesora de la gobernación y compañera permanente de Andrés Felipe.

“Esa fecha (24 de agosto), en el despacho del gobernador se modificó el proyecto inicial que había enviado Adriana Milena en el cual se dejaba estipulado que el negocio de los licores, se debía hacer por sujeción a las normas de contratación pública, es decir, atendiendo lo dispuesto en el estatuto de contratación.

No obstante, cuando llegó el decreto lo que hicieron fue quitarle esa sujeción a las normas para que se obviara ese requisito. Además, el documento se imprimió el 24 de agosto y sólo se publicó el 25 de ese mismo mes en la página web de la gobernación después de las 2:00 de la tarde”, precisó la fiscal.

¿Archivaron el proceso?
Con este testimonio, se esperaba que el entonces gobernador de Nariño Camilo Romero y el secretario de Hacienda Mario Benavides, ambos en calidad de aforados, comparecieran ante la Corte Suprema de Justicia y dieran su versión de los hechos. Dicha audiencia, iba programada para octubre o máximo noviembre de 2019, en la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, un año y seis meses después del revelador testimonio entregado por Andrés Felipe Arango Romero, primo del hoy precandidato a la Presidencia de la República, Camilo Romero; nunca se conoció en que quedó ese proceso y si el mandatario y su secretario de Hacienda, comparecieron ante los entes competentes.

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