El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturó a tres funcionarios de la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar) de Nariño como parte de una investigación por un presunto entramado de corrupción. Entre los detenidos está Olga Vásquez, subdirectora de la entidad, quien fue capturada en su oficina ubicada en el centro de Pasto, además de la contadora y un contratista vinculado a la institución.
Según reveló Caracol Radio, las diligencias adelantadas por el CTI responden a una investigación que apunta a una estructura que habría operado durante varios años, direccionando contratos y apropiándose de recursos públicos que superan los 8.000 millones de pesos. Los capturados han sido vinculados en la presunta comisión de delitos relacionados con concierto para delinquir agravado y delitos contra la administración pública.
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Amplitud de la investigación
El expediente que maneja la Fiscalía también indaga la posible participación de exdirectivos, contratistas y reconocidos dirigentes políticos de la región. Esto sugiere que la red de corrupción presuntamente implicaría a personajes de mayor peso en la estructura política y administrativa de Nariño, lo que amplía significativamente el alcance de las investigaciones.
La institución es un ente de importancia significativa para la región, ya que gestiona beneficios y programas sociales dirigidos a trabajadores afiliados y sus familias. Cualquier irregularidad en su funcionamiento impacta directamente a miles de personas que dependen de los servicios que presta Comfamiliar en Nariño.
Respuesta de la administración
Juan Carlos Villota Toro, nuevo director administrativo de Comfamiliar Nariño, manifestó que la entidad respeta las decisiones de la Fiscalía y de las demás autoridades competentes, así como las garantías constitucionales de las personas involucradas. Con esta declaración, la administración buscó marcar distancia respecto a los hechos investigados y reafirmar el compromiso con la legalidad.
Las autoridades continuarán adelantando las diligencias necesarias para esclarecer la magnitud de la presunta red de corrupción y determinar la participación de otros funcionarios y terceros que pudieron estar involucrados en el desvío de recursos públicos durante los años en que la estructura habría operado.