La Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $226.718 millones en contra de la liquidada Medimás EPS S.A.S., la firma Estudios e Inversiones Médicas (Esimed S.A.) y seis de sus exdirectivos. El fallo, ya ejecutoriado, vincula directamente a dos expresidentes, exvicepresidentes administrativos y financieros, una exvicepresidente jurídica y una exgerente de tesorería de la época.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría determinó la existencia de un detrimento patrimonial que afectó directamente los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). El daño al erario se produjo a través de cinco conductas principales que vulneraron la administración de los fondos públicos destinados a la prestación de servicios de salud.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran anticipos sin legalizar por un valor indexado de $205.808 millones —aprobaciones y pagos que nunca fueron amortizados— y pagos por servicios médicos que superaron los valores originalmente contratados por $12.679 millones. La auditoría también identificó la compra de medicamentos por encima de los precios máximos regulados por ley por $4.223 millones, desembolsos que superaron el valor real facturado por $248 millones, y el pago de cuentas que presentaban objeciones o inconsistencias no resueltas por $3.758 millones.
Esta decisión representa una medida definitiva en la protección de los recursos públicos de la salud. Cabe recordar que en 2024, la Contraloría General profirió otro fallo con responsabilidad fiscal por $89.828 millones contra Medimás, relacionado con el manejo irregular de recursos de la salud, incluyendo el pago de anticipos sin legalizar y desembolsos para el pago de multas y servicios médicos a personas fallecidas, operaciones realizadas con dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Resultados en materia de fallos y recuperación de recursos
Durante la actual administración, la Contraloría General de la República ha proferido 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por $3,37 billones. A través de cobro coactivo, resarcimiento en procesos de responsabilidad fiscal, indagaciones preliminares y procesos penales, ha logrado la recuperación de $4.41 billones devueltos a las arcas del Estado. Adicionalmente, adelanta 3.029 procesos en trámite de cobro coactivo por $12,8 billones. La Unidad Especial Anticorrupción ha proferido 43 fallos de responsabilidad fiscal por $2,1 billones y actualmente tramita 290 actuaciones por más de $15 billones.
Casos adicionales de responsabilidad fiscal
Entre otras decisiones adoptadas por la Contraloría están fallos con responsabilidad fiscal relacionados con Bioenergy por $1,1 billones; Cafesalud por $88.800 millones; cuatro fallos en Saludcoop por $308.054 millones; $82.329 millones en Aerocafé y $87.027 millones en Funtic–Centros Poblados. Entre 2022 y 2026, la Unidad Especial Anticorrupción ha recibido y abierto 1.089 actuaciones representadas en cerca de $16 billones. De los 430 antecedentes analizados, 142 dieron origen a procesos de responsabilidad fiscal por $563 mil millones; y de 322 indagaciones, 174 derivaron en procesos por cerca de $13 billones.