Policarpa y El Charco — La tragedia del bombardeo militar en Calamar, Guaviare, ocurrido el 10 de noviembre, dejó al menos 20 muertos, entre ellos siete menores de edad. Dos de las víctimas eran jóvenes oriundos del departamento de Nariño: Edier Fabián Montaño Valencia, de 20 años, natural de Policarpa, y Faber Illeras Gamboa, de 19 años, nacido en El Charco.
Ambos fueron identificados por Medicina Legal en el listado oficial de fallecidos, que también incluye adolescentes de 13, 15, 16 y 17 años, todos presuntamente reclutados de forma forzada por las disidencias de las Farc. La comunidad de sus municipios lamenta profundamente esta pérdida, que vuelve a encender las alarmas sobre el reclutamiento de menores en zonas vulnerables del sur del país.
El presidente Gustavo Petro reconoció que al menos 12 menores de edad han muerto este año en operativos militares, incluyendo los siete del Guaviare, cuatro en Caquetá y uno en Arauca. La Defensoría del Pueblo advirtió que podrían ser más, y pidió suspender los bombardeos mientras se verifican las denuncias.
La controversia ha escalado a nivel político y jurídico. La Justicia Penal Militar abrió una indagación formal para determinar si se respetaron los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la operación. La Procuraduría también inició una investigación disciplinaria.
Organizaciones de derechos humanos, expertos y líderes sociales han cuestionado la legitimidad de estas acciones, especialmente cuando involucran menores reclutados a la fuerza. La ONU expresó su preocupación por el uso de adolescentes en hostilidades y pidió garantías para su protección.
En Nariño, donde el conflicto armado ha dejado huellas profundas, el caso de Edier y Faber no puede pasar desapercibido. Sus muertes evidencian la urgencia de reforzar las estrategias de prevención del reclutamiento, garantizar oportunidades reales para los jóvenes y exigir transparencia absoluta en las operaciones militares.
