Ipiales, Nariño – 4 de junio de 2026. El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera lanzó este miércoles un contundente comunicado de prensa en el que exige al Gobierno nacional la derogatoria inmediata del Decreto 455 y el restablecimiento pleno del comercio binacional sin aranceles. La organización, que agrupa a miles de trabajadores, transportistas y pequeños comerciantes de la zona de Rumichaca, califica de “injustificable” la demora colombiana ahora que Ecuador ya cumplió con la orden de la Comunidad Andina (CAN).
El origen de la crisis: una guerra comercial que dura cinco meses
El conflicto se detonó a principios de 2026 cuando Ecuador, bajo el argumento de falta de cooperación en seguridad fronteriza y control del narcotráfico, impuso una “tasa de seguridad” (en la práctica un arancel) que escaló del 30 % al 100 % sobre productos colombianos. Colombia respondió con medidas recíprocas: primero el Decreto 170 y posteriormente el Decreto 455 del 28 de abril de 2026, que estableció aranceles del 35 %, 50 % y 75 % a 191 subpartidas arancelarias originarias de Ecuador.
El intercambio comercial binacional, que históricamente superaba los 2.600 millones de dólares anuales y se regía por el libre comercio andino desde hace 57 años, se desplomó. En el puente internacional de Rumichaca el tránsito de carga cayó hasta en un 90 % en algunos momentos, según reportes de gremios y medios locales. Productos agrícolas, farmacéuticos, insumos químicos y energía eléctrica fueron los más afectados, generando pérdidas millonarias, despidos y cierre de negocios en ambos lados de la frontera.
La intervención de la Comunidad Andina y el cumplimiento ecuatoriano
El 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió la Resolución 2582 (y otras complementarias) declarando ilegales tanto la “tasa de seguridad” ecuatoriana como los aranceles retaliatorios colombianos por violar el Acuerdo de Cartagena y el Programa de Liberación Comercial. Otorgó un plazo de 10 días hábiles para retirar las medidas.
Ecuador, aunque presentó recursos de reconsideración y nulidad, finalmente acató la decisión: el 29 de mayo el presidente Daniel Noboa anunció la derogatoria, y el 31 de mayo el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) emitió la Resolución SENAE-SENAE-2026-0051-RE, que dejó sin efecto la tasa a partir del 1 de junio de 2026. La medida fue presentada como un gesto de buena voluntad y cooperación bilateral en seguridad, comercio y energía.
La promesa presidencial y la exigencia actual
Durante meses, el presidente Gustavo Petro había manifestado públicamente —incluso en un consejo de ministros realizado en Ipiales— que Colombia actuaría de manera “inmediata” una vez Ecuador retirara sus medidas. “Todo lo que sea necesario para Colombia entrará con 0 %”, afirmó en abril. Sin embargo, a tres días de la derogatoria ecuatoriana, el Decreto 455 sigue vigente.
El Comité Gremial lo expresa con crudeza en su comunicado:
“¿Qué está esperando el Gobierno colombiano? La frontera no puede seguir siendo rehén de la burocracia, víctima de la lentitud administrativa, de los cálculos políticos o de decisiones alejadas de la realidad económica de la región. Cada día que pasa sin derogarse el Decreto 455 representa pérdidas económicas, desempleo, cierre de negocios y mayor incertidumbre para miles de trabajadores que dependen del comercio binacional.”
El documento subraya la contradicción: Colombia exige cumplimiento de los acuerdos internacionales a otros países, pero mantiene una medida que, según la CAN y el propio accionar ecuatoriano, “ya perdió toda justificación”. Además, advierte que no actuar enviaría un mensaje peligroso: “que la palabra presidencial no vale y que los compromisos adquiridos ante la frontera pueden ser ignorados sin consecuencias”.
Impacto real en la frontera
La zona de Rumichaca-Ipiales es el principal corredor comercial entre ambos países. Durante décadas fue símbolo de integración andina: miles de familias viven del transporte, el comercio informal y formal, la hotelería y los servicios. La guerra arancelaria no solo afectó grandes exportadores; golpeó duramente a microempresas, vendedores ambulantes y transportistas que cruzan diariamente el puente. Reportes recientes indican que, aunque Ecuador ya levantó sus restricciones, el comercio aún no se ha reactivado plenamente por la incertidumbre que genera el mantenimiento del Decreto 455 colombiano.
El Comité cierra su comunicado con un llamado histórico:
“La frontera ya cumplió su parte, los trabajadores ya hicieron los sacrificios, Ecuador ya cumplió, ahora le corresponde a Colombia. La historia recordará quiénes defendieron el derecho al trabajo y quiénes prefirieron guardar silencio mientras una región entera pagaba las consecuencias.”
¿Qué sigue?
Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno nacional no ha emitido una respuesta oficial sobre la derogatoria del Decreto 455. La CAN continúa tramitando los recursos presentados por ambos países, pero las resoluciones de la Secretaría General tienen efecto inmediato y vinculante.Mientras tanto, la presión desde la frontera crece. El Comité Gremial, con sede en Ipiales (Cra 7ma #14-99, teléfono 315 738 6780), ha convocado a los sectores productivos y a la opinión pública a respaldar su exigencia.
La integración andina, construida durante más de medio siglo, vuelve a estar en juego. La pregunta que hoy se hacen miles de familias fronterizas es clara y urgente: ¿cuánto más deberá esperar la frontera?