Lucy Laborde, exfiscal encargada del proceso legal contra Nicolás Petro Burgos, denunció públicamente que Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, le solicitó retirar el delito de lavado de activos de la imputación contra el hijo del expresidente Gustavo Petro, manteniendo solo el cargo de enriquecimiento ilícito. Laborde rechazó la instrucción en una reunión en el despacho de la fiscal general, argumentando que el expediente sí sustentaba ambos delitos.
Según el relato de Laborde, en la reunión estuvieron presentes la fiscal delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la entonces directora de lavado de activos Alexandra Ladino. En ese encuentro, Camargo le habría preguntado sobre el delito de lavado de activos y, tras escuchar la explicación de Laborde, le sugirió: «¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?». La exfiscal añadió que también se mencionó la pena: «Déjele solo el enriquecimiento ilícito y póngale una pena muy larga; al fin y al cabo, la va a cumplir en una guarnición militar».
Por qué Laborde sostiene que sí hay lavado de activos
La exfiscal fundamentó su posición afirmando que Nicolás Petro recibió dineros de manera ilícita, ya que su único ejercicio lícito era como diputado de la Asamblea del Atlántico. Según Laborde, el hijo del expresidente incurrió en negocios jurídicos como la compra de casas y vehículos a nombre de terceros para ocultar esos dineros y negar que hubieran ingresado a su patrimonio.
«Le dio apariencia de legalidad a dineros adquiridos de forma ilícita. El verbo rector del lavado de activos es dar apariencia de legalidad», explicó. Entre los ejemplos que mencionó figuran una casa puesta a nombre del tío de Daisuris, otra aún a nombre del constructor, y un Mercedes-Benz registrado a nombre de una amiga de Daisuris. Laborde subrayó que estos actos configuraban el delito de lavado de activos tal como está tipificado en la ley.
Presiones y deterioro de condiciones laborales
Tras su negativa a retirar el cargo de lavado de activos, Laborde denunció haber sufrido presiones dentro de la Fiscalía. «Fui apartada de mi familia, me trasladaron a Barranquilla en condiciones adversas, porque laboralmente no tuve el apoyo que debía haber tenido de mis superiores», señaló. La exfiscal reportó carecer de oficina propia, compartiendo espacio con otra fiscal, y sin recursos básicos como asistente o impresora para adelantar la investigación.
«No tenía asistente, no tenía ni siquiera una impresora», agregó Laborde, calificando estas condiciones como una forma de presión. Al momento de entregar el despacho a su sucesor, aún carecía de asistente e investigadores, lo que consideró «lo más lesivo» para la continuidad del proceso. Cuando se le preguntó quién estaba detrás de estas presiones, respondió directamente: «La señora fiscal general». No obstante, subrayó que no se retractó de su decisión: «No hice caso».
La denunciación de Laborde ocurre en el contexto de una de las investigaciones más mediáticas del país, en la que han estado en juego cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra un miembro de la familia presidencial. Las alegaciones de la exfiscal sobre interferencia en la investigación han reavivado el debate sobre la independencia judicial y la presión política en casos de alto perfil, especialmente aquellos que involucran a figuras públicas prominentes.
