Un informe bajo presión: el documento que el Gobierno no quería divulgar
Colombia cuenta con 261.000 hectáreas sembradas con coca al corte de 2024, de acuerdo con el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). La publicación del documento estuvo aplazada durante cerca de un año mientras se desarrollaban mesas de trabajo entre el Ministerio de Justicia colombiano y el organismo internacional, en medio de la incomodidad expresada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro respecto a los datos del año anterior.
El incremento registrado entre 2023 y 2024 fue de 8.000 hectáreas, equivalente a un crecimiento del 3,5 por ciento. Esta cifra representa un desaceleramiento significativo comparado con el aumento del 10 por ciento reportado en 2023, cuando se alcanzó el récord de 253.000 hectáreas. Aún así, el crecimiento continuo evidencia que los cultivos ilícitos siguen expandiéndose en el territorio nacional, consolidando una tendencia preocupante para la región.
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Productividad sin cifras: cambios metodológicos cuestionados
Por primera vez en dos décadas, el informe de 2024 pausó la divulgación de la cifra de producción potencial de cocaína. Según Naciones Unidas, esta decisión obedece a la necesidad de adicionar nueva información para abarcar más aristas del negocio criminal de la droga. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que Colombia produjo más de 3.000 toneladas de cocaína durante 2024, lo que contrastaría con la estimación de 2.664 toneladas de cocaína pura registradas en 2023.
La modificación metodológica fue resultado de 17 mesas técnicas realizadas entre el Ministerio de Justicia y la Unodc. En estas reuniones, ambas instituciones acordaron implementar nuevas variables para las próximas mediciones, entre ellas la estimación de la cocaína disponible y la cocaína evitada. Este cambio de enfoque refleja, en parte, la presión política ejercida después de que los datos de 2023 contribuyeran a que Estados Unidos descertificara condicionadamente a Colombia en la lucha contra las drogas.
Nariño y Catatumbo: los epicentros del narcotráfico en el país
La distribución geográfica de los cultivos revela una concentración alarmante en zonas de frontera. Según el informe, el 47 por ciento de la coca nacional está concentrada en enclaves cocaleros específicos, con una tendencia hacia las zonas fronterizas. Nariño y Catatumbo se consolidan como los territorios con mayor presencia de cultivos ilícitos, marcando una trayectoria opuesta a la política de ‘paz total’ impulsada por el Gobierno Petro.
Tumaco, municipio de Nariño, volvió a ocupar el primer lugar nacional con aproximadamente 31.300 hectáreas sembradas, representando un aumento de 8.300 hectáreas respecto a 2023. A pesar de que Nariño fue escenario de mesas de diálogo de la política de ‘paz total’ y de que Comandos de la Frontera asumió compromisos incluida la reducción de cultivos ilícitos, los narcocultivos crecieron en lugar de disminuir. Tibú, en Catatumbo, también registró expansión, pasando de 23.000 a 26.000 hectáreas, en el contexto de una confrontación cíclica entre disidencias de ‘Calarcá’ y el Eln que ha desplazado a más de 100.000 personas.
De los 1.122 municipios que tiene Colombia, apenas 180 presentan afectación por coca, pero 10 de ellos concentran cerca de la mitad del total de cultivos ilícitos del país. Otros municipios como El Tambo en Cauca, El Tarra en Norte de Santander, también experimentaron incrementos significativos. Sin embargo, se registraron reducciones en Puerto Asís, Valle del Guamuez y Orito en Putumayo, así como en El Charco y Roberto Payán en Nariño.
La geografía de la coca: proximidad a centros poblados y fronteras
Un fenómeno preocupante identificado por Naciones Unidas es la tendencia de los cultivos a ubicarse cada vez más cerca de zonas pobladas e infraestructura estratégica. Mientras que en 2004 la mitad del área sembrada con coca se encontraba a menos de 10 kilómetros de un casco urbano, para 2024 el 90 por ciento de los cultivos estaba situado a una distancia igual o inferior a 15 kilómetros del centro poblado más cercano. Esta proximidad facilita tanto el reclutamiento de mano de obra como la distribución de insumos y la comercialización de productos derivados.
La cercanía a las fronteras internacionales también se ha intensificado dramáticamente. Hace dos décadas, el 90 por ciento de la coca detectada estaba a una distancia máxima de 368 kilómetros de una frontera internacional. Para 2024, esa distancia se redujo a 167 kilómetros, evidenciando una concentración estratégica en corredores optimizados para el tráfico transnacional de drogas. Esta reconfiguración territorial responde a la lógica de maximización de ganancias en las redes de distribución internacional.
Territorios étnicos y áreas protegidas bajo asedio del narcotráfico
Las comunidades negras de Colombia enfrentan el mayor impacto de los cultivos ilícitos entre las categorías de manejo especial. Estas tierras concentran el 21 por ciento de toda el área sembrada con coca en el país, registrando un incremento del 5 por ciento respecto a 2023. Aunque se detectaron cultivos en 130 consejos comunitarios, apenas ocho de ellos concentran aproximadamente la mitad de toda la coca sembrada en estos territorios. El Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, ubicado en Nariño, encabeza la lista de los más afectados, reflejando el impacto desproporcionado que los cultivos ilícitos generan en poblaciones históricamente marginalizadas.
Los resguardos indígenas también han experimentado un deterioro significativo de su situación. Estos territorios albergan el 12 por ciento de la coca del país y registraron el mayor incremento entre las áreas de manejo especial, con un crecimiento del 9 por ciento respecto al año anterior. De los 223 resguardos con presencia de cultivos ilícitos, apenas ocho concentran el 48 por ciento de toda la coca detectada. El resguardo Inda Zabaleta, también en Nariño, presenta la mayor superficie sembrada con coca entre todos los territorios indígenas del país.
En contraste, las zonas de reserva campesina concentran apenas el 2 por ciento de la coca nacional y presentaron una reducción del 7 por ciento respecto a 2023, con descensos principalmente observados en las reservas de Tarazá y Alto Sinú. Las zonas de reserva forestal de la Ley Segunda, que albergan el 14 por ciento de los cultivos, mantuvieron un comportamiento relativamente estable con un incremento de apenas 1 por ciento. En los Parques Nacionales Naturales se detectó el 4 por ciento de toda la coca sembrada en Colombia, con un aumento del 5 por ciento. Los parques de Paramillo, Catatumbo-Barí y Nukak concentran el 58 por ciento de la coca presente en las 13 áreas protegidas afectadas por este fenómeno.
Erradicación en caída libre, incautaciones en récord
La erradicación manual forzosa, una de las principales herramientas que durante décadas utilizó el Estado para contener la expansión de los narcocultivos, experimentó un colapso dramático. Las hectáreas erradicadas cayeron de 20.325 en 2023 a apenas 9.403 en 2024, representando una reducción de más de la mitad en solo un año. Este descenso coincide con la reorientación de la política de drogas del Gobierno Petro, que ha priorizado otros enfoques sobre la erradicación forzosa.
Sin embargo, como respuesta al aumento simultáneo de cultivos y producción de cocaína, el Gobierno Petro reportó récords históricos en incautaciones. Durante 2024 se decomisaron 889 toneladas de cocaína, representando un aumento del 20 por ciento respecto a 2023, cuando se incautaron 746 toneladas. Esta métrica se ha convertido en una de las variables metodológicas que comenzará a incorporarse en los nuevos reportes de Naciones Unidas, reflejando un cambio en cómo se mide la efectividad de las operaciones contra el narcotráfico. A pesar de estas incautaciones récord, el crecimiento simultáneo de los cultivos sugiere que la oferta continúa superando las capacidades operativas del Estado para reducir la producción en origen.
Implicaciones para Nariño y la región fronteriza
Para Nariño en particular, los datos del informe de Naciones Unidas representan un desafío monumental. Como departamento que concentra múltiples focos de cultivo en municipios como Tumaco, con sus 31.300 hectáreas, y en territorios ancestrales como el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y el resguardo Inda Zabaleta, Nariño se consolida como la región de mayor preocupación en la lucha nacional contra las drogas. La proximidad estratégica a la frontera con Ecuador y el acceso al Pacífico mediante Tumaco hacen que este territorio sea clave en las rutas de distribución internacional de cocaína, perpetuando ciclos de violencia, desplazamiento y degradación ambiental que afectan particularmente a poblaciones afrodescendientes e indígenas.
El informe de Naciones Unidas, aunque retrasado y metodológicamente ajustado bajo presión política, confirma una realidad incómoda para el Gobierno: los cultivos de coca continúan expandiéndose, concentrándose estratégicamente en zonas fronterizas de difícil acceso estatal, y profundizando la dependencia económica de territorios ya vulnerables. La suspensión de la cifra de producción potencial, aunque responde a consideraciones técnicas sobre recolección de datos, ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia en la divulgación de información crítica para la formulación de políticas públicas efectivas contra el narcotráfico.