La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado de alerta sobre la crisis humanitaria que enfrenta la zona rural de Linares y Los Andes en Nariño, donde se han registrado confrontaciones armadas, ataques con artefactos explosivos e incendios que afectan gravemente a las comunidades campesinas. El organismo de control expresó profunda preocupación por la presencia simultánea del Frente Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño y las disidencias de alias Iván Mordisco en la región.
Los incendios en zona rural de Linares constituyen la amenaza más inmediata para la población, propagándose sobre cultivos, zonas de montaña y áreas de vital importancia para las economías locales. Según el comunicado, estos eventos generan riesgos adicionales para la vida, la integridad personal, la seguridad alimentaria y el ambiente de las comunidades campesinas que habitan las veredas La Cocha, Parapetos, Bella Florida, Tambillo de Bravos y El Estanque en Linares, así como Arenal y Villanueva en Los Andes.
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Exigencias a grupos armados y autoridades
La Defensoría dirigió un llamado urgente a todos los grupos armados presentes en la zona con cuatro demandas específicas: respetar y proteger a la población civil absteniéndose de involucrarla en hostilidades; permitir de manera inmediata y sin restricciones el ingreso y labor de organismos de socorro, cuerpos de bomberos, entidades de gestión del riesgo y personal de salud; adoptar medidas para evitar riesgos a las misiones humanitarias, incluyendo información sobre artefactos explosivos y municiones sin explotar; y abstenerse de realizar acciones armadas que impidan o dificulten evacuaciones y asistencia a personas afectadas.
Marco normativo y responsabilidad institucional
El organismo defensorial recordó que las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario obligan a las partes enfrentadas a respetar y facilitar acciones exclusivamente humanitarias dirigidas a la población civil, así como a proteger a quienes participan en labores de socorro y asistencia. Simultáneamente, dirigió un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer la coordinación institucional necesaria, prevenir nuevos hechos victimizantes y garantizar protección integral de las comunidades que enfrentan riesgos de desplazamiento forzado.
El comunicado, emitido el 23 de agosto de 2026, enfatizó que «la protección de la vida y la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier consideración asociada al conflicto», subrayando la necesidad de que se garantice acceso efectivo de organismos humanitarios a la zona y se respeten los derechos fundamentales de la población civil atrapada en medio de la confrontación armada.
