La Defensoría del Pueblo declaró en situación de crisis humanitaria a la vereda Huisitó, en el municipio de El Tambo (Cauca), tras enfrentamientos registrados entre la estructura Carlos Patiño del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias «Iván Mordisco», y unidades del Ejército Nacional. El comunicado, emitido el 25 de julio desde Popayán, reporta seis personas heridas y daños significativos a bienes e instituciones educativas en la zona.
Los combates generaron afectaciones directas a la población civil, incluyendo a doce niños y niñas que se encontraban dentro de una institución educativa al momento de los hechos. Según información aún en proceso de verificación por la Defensoría, las afectaciones a personas y bienes civiles no provendrían únicamente de la estructura armada ilegal, sino también de acciones atribuidas a la Fuerza Pública.
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Acompañamiento y monitoreo a la comunidad
La Defensoría realizó acciones de monitoreo y acompañamiento directo a los afectados, con especial énfasis en la protección de los doce menores y en el seguimiento al rector y cuerpo docente que permanecían en la escuela durante los enfrentamientos. La entidad también participó en el Comité de Justicia Transicional convocado por las autoridades competentes para coordinar la respuesta institucional y hacer seguimiento a la evolución de la crisis.

Llamados a actores armados y Fuerza Pública
La Defensoría recordó que la población civil, especialmente niñas, niños y adolescentes, goza de protección reforzada conforme al Derecho Internacional Humanitario y la Constitución Política. En ese marco, hizo un llamado explícito a los actores armados para que respeten las normas del DIH y se abstengan de poner en riesgo a la población civil y los bienes educativos. Simultáneamente, exhortó al Ejército Nacional a observar estrictamente los principios de precaución y proporcionalidad en sus operaciones, extremando las medidas de protección cuando exista riesgo para menores de edad.

La entidad enfatizó que la planeación de operaciones militares debe incluir una evaluación permanente de los riesgos para la población civil, particularmente en lugares y horarios donde comunidades y menores desarrollan actividades cotidianas, dada la magnitud del impacto psicosocial que generan estos enfrentamientos. De igual forma, pidió a las autoridades competentes garantizar atención humanitaria integral a los lesionados y acompañamiento psicosocial a menores, docentes y demás miembros de la comunidad afectada.

La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de continuar el seguimiento a la situación humanitaria en el departamento del Cauca y adelantar las acciones defensoriales necesarias para contribuir a la protección de los derechos humanos de la población civil y al respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario en la región.
