El congresista Óscar Benavides, representante a la Cámara por las negritudes y originario de Tumaco (Nariño), enfrenta una investigación formal de la Corte Suprema de Justicia por una masiva colecta de fondos destinada a las víctimas del terremoto que azotó al país, particularmente al Chocó. La controversia surge porque los más de 300 millones de pesos recolectados fueron canalizados a través de cuentas bancarias a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, un líder político cercano a Benavides que fue su compañero de lista en la contienda electoral.
Benavides anunció públicamente la campaña de solidaridad e hizo circular información de cuentas en Bancolombia, Nequi y Davivienda, así como puntos de acopio en Bogotá y Cali. Sin embargo, la falta de claridad inicial respecto a la titularidad de las cuentas y quién administraría los recursos generó críticas inmediatas sobre la transparencia del proceso y el potencial mal uso de fondos recaudados del público.
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La denuncia ante la justicia
Una denuncia de 21 páginas fue radicada ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y asignada al magistrado Francisco Farfán. El documento solicita investigar posibles delitos de captación masiva y habitual, estafa y peculado por apropiación. La acusación también exige trazabilidad completa: cuánto dinero se recaudó realmente, en qué cuentas ingresó, quién ordenó los gastos, cuánto se ha ejecutado y qué saldos permanecen sin distribuir. La denuncia involucra además a integrantes del equipo legislativo de Benavides.
Reacciones y respuesta del congresista
El exfiscal Francisco Barbosa calificó la actuación como «jurídicamente muy delicada», advirtiendo que un congresista no puede convertirse en administrador informal de cientos de millones de pesos recaudados del público. Sectores de la opinión pública y opositores políticos han señalado el riesgo de que un servidor público aproveche su investidura y una emergencia para canalizar recursos de ciudadanos a través de cuentas privadas de aliados políticos.
Benavides ha respondido con firmeza a las acusaciones. Aseguró que no se trata de una colecta personal, sino que hay una fundación encargada de su administración, y reiteró que él mismo verificará la entrega de las ayudas a los damnificados. Además, acusó a sus críticos de buscarle «la caída» política y afirmó que «se quedarán con las ganas».
El fondo de la controversia plantea un interrogante central sobre los límites de la actuación de un servidor público: ¿hasta dónde puede un congresista recaudar y administrar dineros de ciudadanos en cuentas no institucionales sin generar sospechas de falta de control? Mientras la Corte Suprema determina si abre investigación formal, la presión por transparencia sobre los más de 300 millones de pesos anunciados continúa aumentando.