Se pronunciaron las 12 organizaciones médicas agrupadas en Acuerdos Fundamentales, quienes luego de una semana de análisis y debates internos, emitieron un comunicado donde sientan su posición con respecto al proyecto de Ley 339 de 2023 que radicó el Gobierno en la Cámara de Representantes para transformar el actual sistema de salud.
Los gremios del sector salud asociados son, Academia Nacional de Medicina, Colegio Médico Colombiano, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, Asociación Nacional de Internos y Residentes, Asociación Nacional de Profesionales de la Salud, Colegio Médico de Antioquia, Asociación Médica Sindical Colombiana, Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, Federación Odontológica Colombiana y la Asociación Colombiana Médica Estudiantil.
En el documento explican los cinco puntos en los que están de acuerdo con el proyecto presentado por el presidente Petro y también exponen los 15 aspectos que generan serias preocupaciones.
Puntos positivos
-Los profesionales concuerdan en la necesidad de realizar una reforma que desarrolle la Ley Estatutaria y permita que todos los colombianos, especialmente quienes están en zonas dispersas y apartadas, logren un acceso real al sistema de salud.
-Desarrollar un modelo de salud centrado en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, es indispensable fortalecer la Atención Primaria Integral en Salud (APIS), robustecer la red pública para poder dar solución a las necesidades en salud de la población dispersa y llevar a cabo las acciones positivas que tiendan a mejorar los determinantes sociales de la salud.
-En cuanto a la rectoría del sistema, las agremiaciones apoyan la conformación del Consejo Nacional de Salud (CNS) para que funcione como un organismo de concertación y dirección del sistema, pero consideran que debería tener un número menor de consejeros y revisar la conformación del mismo para que tenga mayor eficacia.
-Estructuración del sistema público integrado de información porque está contemplado en la Ley Estatutaria, así como también incluye la reivindicación de la autonomía de los profesionales de la salud, el fortalecimiento de la Supersalud y el desarrollo de políticas públicas para el talento humano que permita la formalización laboral y vele porque los trabajadores de la salud tengan trabajos dignos y cuenten con garantías laborales.
-Los riesgos de que no haya plata para tanto o de que se pierda
Las preocupaciones
-Advierten que la creación de más de 60 entidades a lo largo y ancho del territorio nacional, puede generar un choque de competencias y abrir la puerta a la manipulación política regional y al desvío de recursos.
– La organización de siete redes distintas en los territorios sin una debida integración puede crear nuevas barreras de acceso, más fragmentación en los servicios y afectar la integralidad de la atención.
-Acuerdos Fundamentales propuso hace varios meses a la ministra Carolina Corcho que la ADRES se convierta en un fondo público único para que haga el giro directo a los prestadores y que tenga como junta directiva al CNS, pero, después de revisar el contenido del proyecto de Ley 339, los 12 gremios médicos consideran que la ADRES, tal como lo presenta el Gobierno, no está en capacidad técnica, ni tiene la experticia para asumir nuevas funciones; tampoco podría asumir algunas de las actividades que en la actualidad realizan las EPS, lo cual terminaría por afectar la prestación de los servicios de salud.
-El Proyecto de Ley no explica cómo se obtendrán los recursos para construir los más de 2.500 centros de atención primaria (CAPIRS) y poner en marcha los 20.000 equipos médicos interdisciplinarios, pues los gremios aclaran que los médicos y las demás profesiones de la salud en servicio social obligatorio resultan insuficientes para cubrir las necesidades de los EMIT que describe el Gobierno.
– Se estima que el costo de formalizar a los trabajadores de las categorías operativas (42.784) y de apoyo (85.859) por niveles de atención tendría un valor de nueve billones de pesos para los primeros cuatro años, monto del que hasta el momento se desconoce cuáles serán las fuentes de financiación para dicha incorporación.
-Los integrantes de los Acuerdos Fundamentales resaltan que el derecho a la salud no puede estar sujeto a la disponibilidad presupuestal ni al marco fiscal de mediano y largo plazo, por lo que el Gobierno tendría que revisar el artículo 150 del proyecto de ley.
– Volver obligatoria la recertificación de los trabajadores de salud para los voceros de estas 12 asociaciones, iría en contra de la sentencia C-756 de 2008 de la Corte Constitucional que estableció que el derecho a ejercer la profesión y el trabajo de los profesionales de la salud debe ser materia de ley estatutaria.
-Dudas sobre la forma en que se efectuaría la autorregulación médica en las IPS porque vulnera el principio de que debe ser por realizado por pares profesionales, así como las sanciones penales y disciplinarias, enunciadas en el capítulo XVII del proyecto porque desconoce las actuales instancias que están vigentes para los procesos éticos y disciplinarios que involucran a los profesionales de la salud.
– No se hace referencia a un periodo definido de transición, las nuevas definiciones de salud que no se ajustan con la evidencia y el desestimulo que se hace para que los trabajadores independientes con capacidad de pago decidan no aportar a salud, dado que de todas formas podrán adscribirse a un CAPIRS y tener derecho al Plan de Beneficios.
-Realizar un análisis previo y de fondo acerca de la naturaleza del proyecto para evitar errores de forma que lo vuelvan inviable y reiteran su voluntad de aportar experiencia y conocimiento con sentido de conveniencia social y progresividad en el respeto al derecho fundamental a la salud, construyendo sobre lo construido, alcance el mejor sistema de salud posible, acorde con las condiciones de desarrollo económico, político y social.