El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda presentaron el «Gabinete por la vida», una estructura de vigilancia política integrada por exministros y exfuncionarios del anterior gobierno, con el propósito de defender las reformas sociales y hacer seguimiento a las decisiones del nuevo ejecutivo de Abelardo de La Espriella.
La iniciativa responde a lo que Petro denominó como «un gobierno por la muerte», en contraste con la propuesta opositora. El gabinete representa un modelo similar al parlamentarismo británico, donde la oposición organizada se constituye como un gobierno alterno preparado para asumir la conducción del estado.
El equipo está compuesto por la exsenadora Clara López; la exministra de minas y ambiente, Irene Vélez; la excanciller Yolanda Villavicencio; la exdirectora del ICBF, Astrid Cáceres; el exministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el exministro de educación, Daniel Rojas; el exministro de trabajo, Antonio Sanguino; el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman; el exministro de cultura, Juan David Correa; el expresidente de Colpensiones, Jaime Duzán; el exministro de minas, Andrés Camacho; el exministro de hacienda, Germán Ávila, y Gustavo Bolívar.
Prioridades de vigilancia
Los líderes opositores señalaron que el gabinete monitoreará especialmente las decisiones relacionadas con la atención a las víctimas del terremoto y las afectaciones generadas por el fenómeno del niño. Según Cepeda, «asumimos la oposición con responsabilidad, el gabinete por la vida y la bancada parlamentaria señalarán lo que está mal y contribuirán a formular soluciones para la superación de la situación crítica generada por la conjunción del terremoto y de la sequía prolongada».
Críticas al nuevo gobierno
Cepeda también cuestionó las políticas implementadas por el nuevo ejecutivo, afirmando que el gobierno «ha implementado la política del espectáculo, los rituales religiosos y vanalización de las actividades públicas destinados a ocultar la gravedad de las decisiones adoptadas». Agregó que existe el riesgo de que «el sufrimiento de los pueblos sea convertido en oportunidades para buscar negocios lucrativos e imponer transformaciones que en condiciones normales encontrarían legítima resistencia social».
El gabinete también se enfocará en defender las conquistas sociales del anterior gobierno progresista y en impulsar una agenda pública alternativa que cuestione las medidas adoptadas durante la crisis generada por el fenómeno del niño y el terremoto reciente.
