PIDEN PROTECCIÓN PARA EXCOMBATIENTES

Las acciones serán a favor de la comunidad de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) de Tallambí, municipio de Cumbal, sur de Nariño.
 

El presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo Ocampo, fue claro en las órdenes que dio a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger la vida de 128 excombatientes de las Farc que se encuentran en reiterada amenaza de muerte en el departamento de Nariño.
 
“Se deberá adelantar los trámites pertinentes para hacer la entrega efectiva de las medidas de protección que se adoptaron a favor de la comunidad de Nueva Área de Reincorporación (NAR) de Tallambí, municipio de Cumbal, sur de Nariño”, dijo.


 
Orden
La Corte busca proteger los derechos a la vida y a la salud de los excombatientes y le hace alerta a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
 
Por otro lado se le pide en el auto a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que vigilen el cumplimiento de la directriz enviada a la UNP. “Se oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañen el cumplimiento de la medida provisional expedida en el presente auto”, señaló el alto funcionario.
 
Acorralados
Los 128 exguerrilleros están asentados en la zona fronteriza con Ecuador, donde se ha confirmado la presencia de la guerrilla del Eln y del frente ‘Oliver Sinisterra’ de las disidencias de las Farc. Esta comunidad firmante del Acuerdo de Paz afirma que se les asignaron vehículos blindados y escoltas, pero que la UNP no se los ha administrado aun.
 
Las denuncias contra la UNP han sido pie de lanza de muchas controversias por la seguridad de los firmantes del acuerdo. Desde Pastor Alape hasta Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, han denunciado que se han reducido sus móviles de seguridad. Hasta el 15 de febrero de 2021, el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de nueve exguerrilleros firmantes del Acuerdo.
 
De acuerdo con la entidad, no hay ninguna acción real por parte del Gobierno nacional para esclarecer estos crímenes y, peor aún, no hay ningún plan efectivo para evitar que sigan pasando. “Tenemos prácticamente un asesinato por día de líderes sociales y personas en proceso de reincorporación. Esto son casi dos masacres por semana” manifestó Camilo González, director del instituto.

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