Procuraduría atribuyó cargos por corrupción a exgobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca

En el Congreso Mundial de Juristas llevado a cabo en Barranquilla, fueron presentados los resultados de la investigación en contra de la exgobernadora del Putumayo, Sorrel Arroca, quien tendrá que explicar ante la Procuraduría General de la Nación las posibles irregularidades en un contrato de vigilancia, por esta situación la exfuncionaria tendrá que rendir versión ante el ente disciplinario.

Las acusaciones

El ente disciplinario le imputó cargos por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de vigilancia para las instituciones educativas del departamento, por el equivalente a $5.453 millones de pesos durante los años de 2016 a 2019.

De igual forma, el exsecretario de Educación de Putumayo, Jorge Enrique Ferrín Dorado, fue cobijado en el pliego de cargos en materia disciplinaria para el periodo 2016 – 2017.

Omisión

La Procuraduría advirtió que presumiblemente los exfuncionarios habrían omitido la licitación pública en ese contrato, para impedir que se escogiera “la oferta más favorable para el departamento”, luego de lo cual, de acuerdo con la entidad, se habría asignado a dedo el contrato.

Este cambio habría permitido exigencias a los posibles oferentes para que desarrollaran “un contrato de similares características en Putumayo, requisito que posiblemente limitó la participación de empresas legalmente reconocidas y con experiencia en el área de la vigilancia”.

En este caso, éstas “exigencias restrictivas de la libertad de concurrencia que finalmente limitaron una participación más amplia de oferentes, allanando el camino para que una sola firma o proponente fuera habilitada para ofertar y finalmente seleccionada”, reza en la investigación.

Avalancha en Mocoa

Cabe recordar que la funcionaria enfrentó la avalancha de Mocoa, una tragedia donde perdieron la vida más de 300 personas, por la cual fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por homicidio culposo bajo la premisa de que ella conocía el “riesgo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo inminente en el que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas y en consecuencia las altas probabilidades que existían de que una tragedia de esta magnitud se presentara en el municipio”.

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