Rápido aumento de invasiones ilegales en Colombia, solicitan urgente intervención del Estado

Se dio a conocer que en menos de 20 días se habrían presentado 85 invasiones ilegales a lo largo del país, sin embargo, esta problemática que era exclusiva del sector rural, ahora está pasando a la zona urbana como ocurre en Bogotá y otras ciudades.

Lo más grave en el Cauca

El Departamento del Cauca es la región donde se agudiza más esta dificultad, el sábado en la finca Chimán, en Guachené, al norte de la región, indígenas y afrodescendientes, así como trabajadores dedicados a la caña de azúcar se enfrentaron entre sí, donde se registraron algunos heridos, de igual manera la Personera del municipio fue agredida, también se registraron disturbios en Caloto y Miranda.

Cabe decir que algunos de los terrenos son de propiedad de ingenios azucareros como La Cabaña, Incauca y Central Castilla, y otros en manos de cañicultores de la región.

Departamentos con invasiones

Sube el número de invasiones

Según El Tiempo que tuvo acceso a un exclusivo archivo que contiene información referente a ocupaciones ilegales, durante los últimos 20 días a lo largo del territorio nacional pasaron de 485 a 570 las invasiones, indicando que se generaron 85 asentamientos en menos de un mes.

En diferentes departamentos, diversos grupos que se han denominado indígenas y campesinos llegan solicitando derechos por terrenos ancestrales o ser víctimas de desplazamiento forzado a lo largo del conflicto armado, aunque no es un hecho exclusivo de estas organizaciones, estructuras criminales e inescrupulosos también formarían parte de esta problemática que se visibiliza cada vez más.

Liberación de la tierra

Los indígenas llaman liberación de las tierras, consideran que antes eran de sus ancestros y que habrían sido expropiadas en procesos irregulares en los últimos siglos y en esta última década.

Gremios de Asocaña insisten en el derecho a la propiedad privada, a que están generando empleos que se vienen afectando por las tomas de haciendas y que, además, pagan impuestos a las respectivas alcaldías del norte del Cauca. Ellos dicen que en el norte caucano se generan 50.000 empleos, y que por confrontaciones y ocupaciones se ha afectado la productividad de cerca de mil hectáreas.

Según Fedesarrollo, el sector tiene una alta contribución en las finanzas de los municipios, a través del pago de impuestos. En Miranda, por ejemplo, los ingenios aportan 72 por ciento del total en impuestos; Corinto, un 42 por ciento y en Padilla, 22 por ciento.

¿Qué dice el Gobierno?

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, indicó que hay funcionarios promoviendo la invasión y ocupación, pero que la institucionalidad está en contra de esas acciones por fuera de la legalidad.

“Ya vimos cómo la misma procuradora señaló que hay funcionarios públicos involucrados en esta promoción de invadir tierras donde se están haciendo negocios con los tierreros, ahí toda la fuerza de la ley, eso lo llamamos invasión. El Ministerio de Defensa me decía que tenemos 62 procesos investigativos, 41 por invasión, 17 por avasallamiento, 4 por usurpación de predios, en lo que se refiere a invasiones que consideramos absolutamente ilegales”, dijo la Ministra.

El nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega, indicó que la reforma agraria es la solución para esto dado que sorprendentemente “el 65% del rector rural no está formalizado y el Estado no sabe quiénes son sus propietarios”.

El director de la ANT indicó que en ningún momento habrá cabida para vías de hecho o defensas armadas ilegales en la reforma agraria que se planea adelantar. “Se hará la reforma rural pero no va a ser mediante mecanismos de fuerza, ni ocupaciones, ni invasiones. Estamos haciendo monitoreo en el país sobre las invasiones para verificar cuantas familias son y si son tierras privadas o públicas”, señaló.

Señaló que en el país los aspectos concretos del desplazamiento forzado y los terrenos originarios de pueblos ancestrales, hace que haya características particulares al abordar las ocupaciones ilegales pero que la reforma se debe ocupar de ello.

“Colombia nunca adelantó una reforma rural: existen territorios ancestrales e incumplimientos de compromisos del Gobierno. Hay un programa que dice que hay que entregar tres millones de hectáreas a campesinos que no la tienen, siete millones de formalización y catastro multipropósito”.

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