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En la vereda San Gregorio, situada a 20 minutos del casco urbano de Samaniego en la vía que conduce a Túquerres, fueron capturadas tres personas acusadas de los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.
Orden de allanamiento
En este sentido, luego de reunir todas las pruebas necesarias, como son, interceptación de llamadas telefónicas, y versiones de testigos, tropas del Ejército Nacional con apoyo de la Fiscalía General y la Policía Nacional, hicieron efectiva una orden de allanamiento y registro con la que se logró la captura de las tres personas.
Pertenecerían al ELN
Según las autoridades, los detenidos serían integrantes del grupo armado organizado ELN, compañía de Milicias, Jaime Toño Obando, del Frente Comuneros del Sur. De igual manera, se presume que estos sujetos serían los encargados de realizar el cobro de extorsiones a los pobladores del área general del municipio de Samaniego.
“Estos sujetos al parecer tendrían como objetivo fortalecer las finanzas, comunicaciones y el control delictivo de este grupo ilegal”, dijeron los militares.
Otros delitos
De igual forma, aparte de la extorsión, realizaban retenes ilegales, así como la instalación de artefactos explosivos improvisados y labores de inteligencia delictiva contra las unidades militares que se encuentran desplegadas sobre el sector donde fue efectuada la operación.
Escondían armas
También serían las encargadas del almacenamiento y transporte de armas de fuego y narcóticos sobre el sector urbano y rural de Samaniego. En el momento de la captura les encontraron tres armas de fuego y dos traumáticas, proveedores, munición de diferentes calibres, material de comunicaciones, material de intendencia y dos motocicletas, así como sustancias químicas para la producción de alcaloides y pasta base de coca.
“Este material era utilizado para efectuar diferentes actividades delictivas contra la población civil y la Fuerza Pública en su zona de injerencia”, agregaron.
Las personas capturadas y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar su proceso de judicialización.