Durante la reapertura del Tunel de Daza en Pasto; en una declaración pública cargada de preocupación y denuncia, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, alertó sobre una serie de asesinatos extrajudiciales que estarían ocurriendo en aguas del Pacífico como parte de una nueva estrategia internacional contra el narcotráfico. Según el mandatario, esta doctrina estaría afectando directamente a comunidades costeras, en especial a pescadores artesanales, quienes se ven expuestos a operativos letales sin garantías judiciales.
“Lo que está ocurriendo no es una guerra, son asesinatos. Cuerpos desmembrados están llegando a las islas, navegando por el Pacífico. Es el horror de una doctrina que dispara sin preguntar”, afirmó Escobar, quien hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, en especial a Naciones Unidas, para que se abra un debate sobre el impacto de estas acciones unilaterales.
La denuncia se suma a los reportes recientes del Gobierno Nacional sobre ataques a embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico, atribuidos a operaciones ordenadas por Estados Unidos. Según cifras preliminares, al menos 30 personas habrían muerto desde septiembre en el marco de esta ofensiva.
Escobar insistió en que los hechos no están ocurriendo en aguas nacionales, lo que agrava la situación jurídica y humanitaria. “No hay justicia internacional, no hay juicio previo, no hay garantías mínimas. Se dispara sin saber si hay delito. Eso es barbarie”, señaló.
El gobernador también expresó su preocupación por el silencio institucional y la falta de información oficial sobre las víctimas. Aunque se presume que algunas embarcaciones habrían salido desde Ecuador, Escobar subrayó que lo relevante es que se trata de ciudadanos asesinados sin proceso judicial alguno.
La denuncia ha generado reacciones en sectores defensores de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de normalizar ejecuciones extraterritoriales bajo el argumento de lucha contra el narcotráfico. En Nariño, líderes comunitarios y organizaciones sociales han pedido garantías para los pescadores y mayor transparencia en las operaciones marítimas.
