El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reafirmó que la Fuerza Pública seguirá las instrucciones del presidente en funciones, independientemente de quién ocupe el cargo. En declaraciones sobre la transición de gobierno, Sánchez enfatizó que la obediencia institucional está ligada al cargo presidencial y no a personas individuales, un principio que cobra relevancia de cara al cambio de administración programado para el 7 de agosto.
Lealtad al cargo, no a las personas
Sánchez explicó que las instrucciones impartidas a la cúpula militar se resumen en un principio fundamental: preservar el carácter institucional de la Fuerza Pública y garantizar la continuidad del mando constitucional. “Cambian las personas, pero el cargo permanece, que es presidente de la República. Y es al presidente al que se le acatan todas las instrucciones y no a una persona”, puntualizó el funcionario.
Esta distinción reviste importancia en el contexto de las transiciones democráticas, donde la legitimidad del nuevo gobierno depende de que las instituciones militares y de seguridad actúen bajo principios constitucionales, no bajo lealtades personales a figuras políticas previas. El énfasis del ministro refleja el compromiso formal de la cartera de Defensa con la neutralidad institucional durante cambios de administración.
Preparativos para la transición
El Ministerio de Defensa Nacional informó que tiene plenamente organizada y consolidada toda la información requerida para la transición de gobierno, conforme a los lineamientos de la Ley 951 de 2005. Tras la suspensión de las mesas conjuntas de trabajo por parte del comité del presidente electo, la cartera de Defensa aclaró que permanece lista para reanudar las sesiones cuando sea convocada.
El ministerio reafirmó el compromiso de la Fuerza Pública con la neutralidad y el orden constitucional, elementos fundamentales en cualquier cambio de gobierno democrático. Esta postura institucional busca garantizar que, más allá de diferencias políticas o estratégicas entre administraciones, las instituciones de seguridad mantengan su función constitucional de defender la soberanía, la independencia y la integridad del Estado.
Las declaraciones del ministro Sánchez subrayan que los generales y oficiales de alto mando juran defender la Constitución, no a presidentes, partidos o ideologías específicas. Esta distinción constituye el fundamento de la ética republicana de la defensa y es crucial para que la Fuerza Pública continúe siendo una institución permanente del Estado, por encima de proyectos políticos temporales.