Leiva, Nariño — El municipio de Leiva vivió una jornada de terror el 13 de noviembre, cuando 20 policías resistieron durante más de cinco horas un ataque armado perpetrado por presuntos integrantes del frente ‘Franco Benavides’ de las disidencias de las Farc. El hostigamiento, dirigido contra la estación de Policía, dejó a más de 5.000 habitantes en confinamiento, mientras los uniformados respondían con lo que tenían.
Videos grabados por la comunidad muestran a un presunto guerrillero herido, mientras los testimonios dan cuenta del temor persistente ante una posible reanudación de los enfrentamientos. El ataque se suma a una serie de hechos violentos en Nariño que han encendido las alarmas sobre el deterioro de la seguridad en el departamento.
El gobernador Luis Alfonso Escobar, tras una reunión virtual con el ministro de Defensa, reconoció la valentía de los policías y anunció la llegada de altos mandos para coordinar una operación especial. Sin embargo, su insistencia en promover diálogos de paz con los grupos armados contrasta con la realidad de los ataques que siguen poniendo en riesgo a la población civil.
En El Peñol, dos días antes, un ataque similar dejó un policía herido y afectó un hogar comunitario con cerca de 50 niños, alcanzado por esquirlas de explosivos lanzados desde las montañas. En Ipiales, la madrugada del 13 de noviembre estuvo marcada por detonaciones que despertaron a la comunidad. Aunque se trataba de fuego de artillería en operaciones militares, el miedo se apoderó de los habitantes.
Mientras el gobernador insiste en que “las respuestas violentas en Guaviare podrían desencadenar reacciones en Cauca y Nariño”, líderes sociales y habitantes de zonas rurales cuestionan la falta de medidas preventivas concretas. La población civil sigue siendo la más expuesta, y los llamados al respeto del Derecho Internacional Humanitario no han frenado la ofensiva de los grupos armados ilegales.
La situación exige más que declaraciones. La ciudadanía espera acciones efectivas que protejan a las comunidades, fortalezcan la presencia institucional y garanticen condiciones mínimas de seguridad en territorios históricamente golpeados por el conflicto