La historia de paramilitarismo que ha marcado la vida pública de la familia Uribe Vélez se convirtió en una verdad judicial. El Tribunal Superior de Antioquia condenó en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, a 28 años y 4 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, conformación de grupos paramilitares y homicidio agravado en el caso del conductor Camilo Barrientos.
La decisión judicial establece que Uribe Vélez conformó y dirigió el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, responsable de más de 300 asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamientos y amenazas en Yarumal (Antioquia) a comienzos de los años noventa. El fallo cuestiona abiertamente la absolución en primera instancia, señalando que la defensa se limitó a desacreditar testimonios de manera aislada, sin valorar la coherencia entre ellos.
El tribunal destacó el testimonio del mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses, quien aceptó haber apoyado al grupo paramilitar y describió con detalle la participación de Uribe Vélez en la planeación de asesinatos, incluido el de Barrientos. La Sala reprochó que el juez de primera instancia hubiera minimizado su relato, pese a que varios testigos fueron asesinados o perseguidos por conocer el accionar del grupo.
La sentencia también descarta la versión de que el homicidio de Barrientos fue un hecho aislado o un conflicto personal. Por el contrario, lo ubica dentro de un patrón sistemático de exterminio contra personas señaladas de colaborar con la guerrilla de las FARC. Según el fallo, Uribe Vélez ordenó a Meneses perfilar a Barrientos y coordinó con alias Rodrigo, su hombre de confianza, para ejecutar el crimen.
El tribunal concluye que las acusaciones contra Santiago Uribe no tienen motivaciones políticas ni obedecen a conspiraciones contra su hermano Álvaro. Se trata de hechos probados desde los años noventa, que confirman la existencia de una alianza entre civiles y policías para conformar un grupo paramilitar con capacidad de exterminio.
La condena marca un precedente histórico en la justicia colombiana, al reconocer la responsabilidad de un miembro de una de las familias más influyentes del país en la conformación de estructuras paramilitares que dejaron una huella de violencia y terror en Antioquia.