Nariño — La Veeduría Ciudadana por una Educación con Calidad denunció la compra de una camioneta 4×4 de alta gama por parte del secretario de Educación departamental, Adrián Ceballos, con un valor de $308 millones, registrada en la Orden de Compra No. 154096. La adquisición se da en un contexto crítico: grupos escolares cerrados, rutas de transporte recortadas y planteles con infraestructura en crisis, lo que genera fuertes cuestionamientos sobre la priorización del gasto público.

Orden de Compra

La Veeduría advierte que la realidad en muchas instituciones educativas es alarmante: buses escolares deteriorados, baños colapsados, comedores indignos y colegios afectados por lluvias e inundaciones. Todo esto ocurre mientras el sector educativo está bajo un Plan de Desempeño Fiscal, que exige austeridad y optimización de cada peso invertido. Para la organización, la compra de la camioneta contradice completamente este escenario.

El secretario Ceballos justificó la adquisición argumentando que arrendar un vehículo cuesta más de un millón de pesos diarios y que la camioneta es necesaria para “hacer presencia en el territorio” y verificar personalmente el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, docentes y líderes educativos aseguran que sus visitas son percibidas como persecución y no como soluciones a los problemas estructurales.

Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar y Secretario de Educación Adrian Alexander Zeballosf

Ante el presunto despilfarro de recursos públicos, la Veeduría solicitó al gobernador de Nariño revisar de inmediato la compra y pidió a los entes de control iniciar una investigación formal para determinar si hubo irregularidades en la priorización del gasto. “La educación de Nariño no necesita camionetas de lujo. Necesita buses seguros, infraestructura digna y gestión real”, reiteró la organización en su pronunciamiento público.

Este caso refleja la tensión entre las necesidades urgentes de las escuelas y las decisiones administrativas que, lejos de resolver los problemas, profundizan la desconfianza ciudadana frente al manejo de los recursos públicos.

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