El entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un capítulo político de alto voltaje: el exasesor jurídico Pedro Rodríguez, considerado mano derecha de Olmedo López, aseguró ante la justicia que el hoy precandidato presidencial y ex-gobernador de Nariño, Camilo Romero estuvo vinculado a la adjudicación irregular de millonarios contratos en Nariño y que fue su padrino político para llegar a la entidad.

De acuerdo con la matriz de colaboración revelada por Noticias Caracol, Rodríguez no solo denunció direccionamientos en contratos para la reconstrucción de Mocoa, sino que vinculó directamente a Romero con un polémico negocio de licores en Nariño durante su gobernación (2016-2019). El exfuncionario señaló que Romero habría recibido apoyo financiero de empresarios pastusos, entre ellos Richard Portilla, a cambio de asegurar la adjudicación del contrato de distribución del aguardiente nariñense a la firma OLN SAS.

Rodríguez afirma que, siguiendo instrucciones del entonces mandatario, se expidió un decreto que habría otorgado ventajas contractuales a esa empresa. Además, acusó al exsecretario de Hacienda Mario Fernando Benavides y a Andrés Arango Romero, primo del exgobernador, de participar en la estructuración del esquema que, según la Fiscalía, generó ganancias ilegales superiores a 3.000 millones de pesos.

La cercanía de Romero con Pedro Rodríguez quedó documentada en chats en poder de la Fiscalía, donde aparece su nombre como recomendación directa para la dirección jurídica de la UNGRD. Esa relación, asegura el testigo, se rompió cuando salió a la luz el escándalo y Rodríguez optó por colaborar con la justicia, convirtiéndose en el principal denunciante contra su antiguo jefe.
Con este nuevo episodio, la aspiración política de Romero enfrenta un duro golpe en medio de una investigación judicial que ahora podría salpicar su gestión en Nariño y su influencia en la UNGRD. El exgobernador ha negado en varias ocasiones vínculos con hechos de corrupción, pero las declaraciones de Rodríguez lo ubican en el centro de un esquema que combinaría aportes de campaña, direccionamientos contractuales y clientelismo político.