Bogotá, 29 de diciembre de 2025.
El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció durante su alocución de fin de año que el nuevo salario mínimo para 2026, ahora denominado “salario vital”, será de 2 millones de pesos mensuales, incluyendo el auxilio de transporte. Esta decisión representa un incremento total del 23,7%, superior a los ajustes registrados en los últimos años.
El mandatario explicó que el cálculo no solo consideró la inflación y la productividad, sino también otros factores sociales con los que su gobierno pretende garantizar una mejora real en las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. “El salario vital es un mandato constitucional que durante 34 años no se aplicó. Reconoce que la mayoría de los trabajadores viven en familia y que su ingreso debe garantizar bienestar colectivo”, afirmó el presidente.
Petro detalló que, sin incluir el auxilio de transporte, el salario pasará a 1’746.882 pesos, con un aumento real del 18,7% después de descontar la inflación proyectada. El jefe de Estado aseguró que la medida busca reducir la pobreza, generar empleo y dinamizar la economía, además de cumplir con principios establecidos en el artículo 53 de la Constitución de 1991.
De acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario vital contempla una remuneración suficiente para cubrir alimentación, vivienda digna, salud, educación, transporte y otros gastos esenciales del hogar. Con esto, el Ejecutivo busca convertir el salario en una herramienta de justicia social y no solo en una cifra económica.

Sin embargo, el anuncio generó fuerte rechazo en algunos sectores empresariales, particularmente de FENALCO, que calificó la decisión como “irresponsable, desproporcionada y populista”.
Según el gremio de los comerciantes, el aumento del 23% fue adoptado de forma unilateral, sin una discusión técnica real en la Mesa de Concertación Salarial, la cual consideraron una “farsa”.
El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, advirtió que la medida puede tener impactos negativos sobre el empleo formal, la inflación y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. “Con este incremento, los costos laborales superarán los 3 millones de pesos por trabajador. Las empresas más pequeñas no resistirán. Es pan para hoy y hambre para mañana”, señaló el dirigente gremial.
El gremio sostiene que un aumento de tal magnitud podría presionar el gasto público, limitar la reducción de tasas de interés del Banco de la República y aumentar la informalidad, afectando la competitividad y el crecimiento económico del país.
Por su parte, el presidente Petro defendió la medida asegurando que no se trasladará el aumento salarial a los precios al consumidor, y que las empresas verán reflejado su crecimiento en mayores ventas y productividad. “Democratizar la riqueza no es quitarle a nadie; es permitir que quienes trabajan vivan con dignidad”, subrayó.
El debate sobre el nuevo salario vital marca un cierre de año cargado de tensiones entre el Gobierno Nacional y los sectores empresariales. Mientras unos lo consideran un paso histórico hacia la equidad social, otros advierten que puede convertirse en una carga difícil de sostener para la economía colombiana en 2026.
