Cumbal, Nariño — El reciente enfrentamiento en zona rural de Cumbal entre las Fuerzas Armadas de Colombia y Ecuador y el grupo armado Comuneros del Sur dejó un integrante muerto, cuatro capturados y un arsenal incautado que incluye fusiles, granadas, un mortero artesanal y un dron. El operativo binacional, realizado en la vereda Tiuquer, vuelve a poner en duda la legitimidad del proceso de paz territorial que esta organización sostiene con el Gobierno Nacional.
Aunque los Comuneros del Sur se presentan como una estructura en transición hacia la vida civil, las evidencias encontradas en el operativo —armamento, material de guerra y comunicaciones— refuerzan las denuncias de que este grupo solo cambió de nombre, pero continúa delinquiendo con mayor sofisticación. Las autoridades investigan su participación en minería ilegal, narcotráfico, extorsiones y presiones contra comunidades indígenas y afrodescendientes en el sur de Nariño.
El hallazgo de banderas de las Autodefensas de Nariño en la zona incrementa las sospechas de una posible alianza entre ambas estructuras, lo que configuraría un escenario aún más complejo de violencia y control territorial. Una “alianza de muerte”, como la califican líderes comunitarios, que amenaza con profundizar la crisis humanitaria en la región.
El contexto es especialmente delicado porque en abril pasado el presidente Gustavo Petro firmó en Pasto un acuerdo clave para la entrega de armas por parte de los Comuneros del Sur. Sin embargo, la incautación de nuevos arsenales contradice el espíritu de ese compromiso y evidencia fisuras en la voluntad real de desarme y reintegración.
La falta de pronunciamiento de la mesa de diálogo sobre estos hechos alimenta el escepticismo ciudadano. En comunidades como Cumbal, que incluso se había propuesto como sede del proceso, crece la desconfianza frente a la verdadera disposición de los grupos armados a cesar la violencia. La población civil sigue atrapada entre promesas de paz y fusiles activos.
El enfrentamiento confirma que los diálogos regionales, tal como están concebidos, no están funcionando. No se puede hablar de reconciliación mientras se mantienen arsenales, alianzas con otros grupos ilegales y amenazas sobre comunidades vulnerables. Nariño merece respuestas claras y acciones coherentes: la paz no puede ser un eslogan vacío ni un experimento fallido.