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En uno de los artículos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, dentro de sus 166 páginas se encuentra un artículo que, de ser aprobado, modificaría la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Cabe decir que el 6 de febrero, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, un documento cuyo articulado está conformado por 166 páginas con lo que sería el plan de acción para ejecutar el programa de gobierno hasta el 2026.

La modificación para el fondo del Magisterio

En su artículo 102, el PND especifica la creación de una entidad para administrar directamente los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Esta será de naturaleza especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, que será “patrimonio independiente del nivel descentralizado del orden nacional”, y estará adscrita al Ministerio de Educación Nacional.

Garantías

En relación con los asuntos presupuestales y contractuales, la entidad será asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, señala el documento, y su funcionamiento será garantizado con ingresos provenientes del Presupuesto General de la Nación, incluidos en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional.

Entre sus ingresos se contemplan “los activos transferidos por la Nación y por otras entidades públicas del orden nacional y territorial y los demás ingresos que a cualquier título perciba”.

Además, el PND señala que los recursos que reciba la entidad gracias a su administración no harán parte de su patrimonio, y que sus gastos serán financiados con máximo el 0,51% de los recursos que administre.

Funciones de la nueva entidad y sus funciones

Entre las funciones que cumpliría la nueva entidad están.

– Liquidar y pagar las prestaciones sociales del personal docente a cargo del FOMAG.

-Celebrar los contratos, convenios o asociaciones que sean necesarios para prestar servicios médico-asistenciales.

-Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir una base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia prestacional deba atender”.

-La entidad tendrá que velar para que los entes deudores del FOMAG cumplan con el pago de sus obligaciones de forma oportuna, y deberá cumplir “las demás [funciones] que le sean asignadas en el decreto de estructura de la Entidad.

El presidente de la República tendrá la facultad de nombrar y retirar al director de la entidad

En relación con la dirección y la administración de la entidad, el documento de PND propone que en la cabeza de la entidad se encuentre el Director General y la Junta Directiva.

La propuesta incluida en el PND plantea que el cargo de Director General será reglamentado por el decreto de estructura. Esta persona será de dedicación exclusiva, actuará como representante legal y será de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República.

Por su parte, la Junta Directiva será la encargada de especificar los criterios generales para administrar la entidad y demás funciones que reglamente el decreto de estructura.

El Plan Nacional de Desarrollo también plantea que el gobierno nacional será el responsable de establecer las condiciones de operación y estructura interna de la entidad, así como de adquirir la planta de personal que esta requiera.

Además, será el encargado de garantizar “el normal desarrollo de las funciones del Fondo manteniendo los servicios que con cargo a éste se prestan actualmente y establecerá una transición para la asunción por parte de la Entidad de la función de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

Presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026

Los costos para la ejecución del plan del gobierno están por el orden de los $1.154 billones serán distribuidos así:

$138,4 billones para la Convergencia regional;

$114,4 billones para la transformación productiva y acción climática;

$743,7 billones para temas relacionados con la Seguridad Humana y la justicia social;

$46,1 billones para el Derecho Humano a la alimentación;

$28 billones para el Ordenamiento del Territorio alrededor del agua; y

$83,4 para Estabilidad Macroeconómica.  

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