Se dio a conocer desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la delicada situación humanitaria en Nariño, donde, en el año 2022 aumentaron los casos de violación a los Derechos Humanos.
Asesinatos
La entidad señaló que, en el año 2022 se presentaron un total de 15 homicidios de personas defensoras de los Derechos Humanos, cinco de ellos identificados como líderes afrocolombianos, cinco dirigentes indígenas y 2 presidentes de Juntas de Acción Comunal.
Desplazamientos
Entre tanto, en el trascurso del año 2022 se registró un total de 74 emergencias humanitarias por desplazamiento forzado masivo, que dejaron más de 34.800 personas afectadas, el 77% integrantes de las comunidades afro y 23% de comunidades indígenas, principalmente Awá y Eperara Siapidara. Las subregiones con mayor incidencia serían Telembí, Sanquianga y Pacífico nariñense.
Confinamiento y amenazas
Así mismo, más de 35.000 civiles se les impidió moverse libremente en las subregiones de Sanquianga y La Cordillera, por el accionar de los Grupos Armados No Estatales, además, causaron la obstrucción de bienes indispensables por el taponamiento de las vías y amenazas acompañadas de extorsiones, estos víveres son indispensables para la supervivencia de las comunidades, sumado a esto, al menos 19.841 personas estuvieron en confinamiento en varios sectores en Nariño.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) registró en el 2022 un total de 6.756 ataques contra la población civil, 6.591 amenazas colectivas e individuales y 142 casos de desaparición forzada.
No denuncian los casos
La información suministrada por la entidad internacional, se hace énfasis en la existencia de un subregistro de eventos, por el desconocimiento de las rutas de atención, así como el temor de posibles represalias de los Grupos Armados No Estatales, sumado a ello como la baja presencia y capacidad de la institucionalidad.
Además, hace falta la presencia del Estado en las subregiones de Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur donde se presentan desplazamientos masivos y amenazas; tampoco hay registro del reclutamiento, uso y utilización de menores, desaparición forzada, violencias basadas en género y otros aspectos, los cuales atemorizan a la población.
