Los concejales de Ipiales Gustavo Estupiñán y Lizandro Chamorro presionan a la administración municipal para que implemente de forma inmediata la reducción en las tarifas del impuesto de alumbrado público, aprobada mediante el Acuerdo 001 de 2026 por el Concejo Municipal. Aunque la norma ya fue sancionada, aún no se han impartido las instrucciones a la empresa prestadora del servicio para aplicar la rebaja en la facturación.
Antecedentes del conflicto tarifario
El nuevo acuerdo surge como respuesta a las múltiples inconformidades expresadas por ciudadanía, comerciantes y familias de Ipiales frente al incremento establecido en el Acuerdo 052 de 2025. Según los concejales, dicho aumento no contó con estudios técnicos, financieros o económicos que sustentaran el ajuste tarifario, generando descontento generalizado en el municipio fronterizo.
El Acuerdo 001 de 2026 busca restablecer las tarifas que estaban vigentes antes del incremento de 2025, regresando a los valores que se encontraban en vigencia en diciembre de ese año. Esta medida representa un alivio económico para usuarios del servicio de alumbrado público en el municipio.
Obstáculos administrativos y legales
A pesar de la aprobación de la rebaja, persisten dudas sobre su implementación. El concejal Estupiñán señaló que corresponde al alcalde de Ipiales informar oficialmente a Cedenar, empresa prestadora del servicio, sobre la aprobación del acuerdo. Los cabildantes manifestaron preocupación porque aún no se han impartido estas instrucciones administrativas necesarias para que el descuento se refleje en las facturas.
Adicionalmente, la Gobernación de Nariño formuló observaciones al Acuerdo 001 de 2026. Sin embargo, los concejales aseguran que estas observaciones no suspenden la vigencia de la norma, por lo que consideran que la administración municipal debe garantizar su cumplimiento mientras no exista una decisión en contrario por parte de la autoridad competente.
Expertos consultados han señalado inconsistencias en la redacción del mismo acuerdo, generando confusiones jurídicas sobre su alcance y aplicación. Según análisis legal, cualquier impugnación podría resolverse mediante acciones de nulidad que tardarían hasta un año y medio, o mediante medidas cautelares que podrían tomar entre uno y dos meses. Mientras estos procesos avanzan, el cobro del alumbrado público continuaría vigente.
Los concejales hacen un llamado urgente al gobierno municipal para que agilice la implementación de la medida y permita que los usuarios del servicio de alumbrado público reciban el alivio económico aprobado por el Concejo, resolviendo de inmediato los trámites administrativos pendientes ante la empresa prestadora del servicio.