El excanciller Álvaro Leyva denunció una «operación de sabotaje» encabezada por el presidente Gustavo Petro y su gabinete para dificultar la transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según Leyva, el plan incluye renuncias inmediatas de funcionarios clave, bloqueo de computadores, cierre de oficinas y destrucción de documentos, con el propósito deliberado de generar caos en los primeros días de la nueva administración.
El excanciller relató que la semana anterior recibió múltiples mensajes de funcionarios de varios ministerios alertando sobre movimientos internos para vaciar áreas sensibles antes del relevo. Afirmó que en varias carteras se estaban identificando funcionarios claves de libre remoción a quienes les pedían la renuncia para aceptárselas de inmediato. «El gobierno saliente quiere que los computadores estén bloqueados, las oficinas cerradas y los documentos destruidos», expresó Leyva de manera explícita.
Acusaciones de alteración deliberada de la transición
Leyva vinculó estos hechos a una carta que envió a Petro el 6 de julio, en la cual cuestionó los «nombramientos de última hora» en la Cancillería. Sostuvo que el mandatario intentó «maniatar al nuevo gobierno» mediante designaciones de cierre y destacó que la designación de Omar Bula Escobar como próximo canciller no era lo que Petro había previsto. El excanciller describió a Bula Escobar como un «profesional íntegro» y recordó la trayectoria de su padre, Germán Bula Hoyos, en los asuntos del Caribe colombiano.
Según la denuncia de Leyva, la maniobra no representa cambios administrativos ordinarios, sino una alteración deliberada de las condiciones de entrega del gobierno. Esto dejaría a los nuevos ministros sin interlocutores clave, sin acceso operativo y sin documentación necesaria para el funcionamiento estatal ordinario. Leyva también acusó a Petro de buscar borrar rastros y pruebas de su gestión ante la presencia anunciada de un «bloque de búsqueda anticorrupción».
Argumentos legales y llamado a los funcionarios
El excanciller catalogó la denuncia como una «desviación de poder», definiéndola como el uso de una competencia formalmente válida para un fin distinto al previsto por la ley. Citó la doctrina del Consejo de Estado sobre la ilegalidad de actos con apariencia regular pero con propósitos distintos, y advirtió que «más temprano que tarde tendrán que pagar» quienes participen en la presunta operación.
En su comunicado, Leyva también apeló a la noción de «état des affaires», según la cual un gobierno saliente debe entregar los asuntos de la administración en su estado normal, sin introducir cambios que perjudiquen al sucesor. Dirigiéndose a los funcionarios, pidió que pospongan sus renuncias hasta el cambio de gobierno: «Ojalá los funcionarios aguanten sus renuncias unos días hasta que se vaya. Difícil pero no imposible». Reafirmó que «el Presidente De la Espriella tiene la legitimidad plena de las urnas y es la persona que debe decidir quién se queda, quién se va y quién llega».
El excanciller finalizó criticando duramente a Petro, a quien definió como «dispuesto a destruirlo todo a las patadas», acusándolo además de actuar «para esparcir odio» y «despreciar a quienes lo derrotaron». El comunicado fue firmado por Álvaro Leyva Durán con fecha 14 de julio de 2026.